Estatutariamente asumida por la Comunidad de Castilla y León la competencia de ordenación farmacéutica, promulgado el Real Decreto Ley 11/1996, de 17 de junio, y más recientemente la Ley 16/1997, de 25 de abril, de Regulación de Servicios de las Oficinas de Farmacia, que deroga el precedente, se exige la ineludible necesidad de reemplazar, por parte de la Comunidad Autónoma, la legislación preconstitucional sobre esta materia contenida en el repetido Real Decreto 909/1978, a fin de adaptarla a la nueva ordenación territorial de las oficinas de farmacia, cuya planificación corresponde desarrollar a las Comunidades Autónomas de acuerdo con la planificación sanitaria, a la vez que se les atribuye la tramitación y resolución de autorizaciones de apertura de dichos establecimientos sanitarios, con arreglo a los principios de publicidad y transparencia, previo el procedimiento específico que establezcan.

En consecuencia, el Real Decreto 909/1978 ha quedado derogado, en todo lo que se oponga, por el Real Decreto Ley 11/1996, de 17 de junio, y en particular toda referencia al municipio como ámbito territorial de la planificación farmacéutica, como se desprende del artículo 1.º 1, párrafo 2.º del citado Real Decreto Ley, al establecer como demarcaciones de referencia para la planificación farmacéutica las unidades básicas de atención primaria fijadas por las Comunidades Autónomas. Asimismo, la vigente Ley 16/1997, de 25 de abril, en su artículo 2.º 1, establece que la planificación farmacéutica se realizará de acuerdo con la planificación sanitaria.

En tanto se ha producido la oportunidad de esa regulación general, la Consejería de Sanidad y Bienestar Social de la Junta de Castilla y León ha dedicado los esfuerzos necesarios para la elaboración de un Proyecto de Decreto que, ajustando los nuevos principios de ordenación farmacéutica a las peculiaridades demográficas de nuestra Comunidad Autónoma, pretende establecer la planificación farmacéutica, el régimen jurídico y el procedimiento para la autorización de oficinas de farmacia que se instalen en su territorio, de manera que quede garantizada la adecuada atención farmacéutica de toda su población.

Tal proyecto de disposición, que próximamente será presentado a la Junta de Castilla y León, requiere previamente someterse a su procedente tramitación, recabando al parecer de las entidades que ostente la representación o defensa de los intereses afectados, así como el informe de los órganos consultivos correspondientes.

En dicho sentido, la situación actual sobrevenida aconseja en el momento presente adelantar la recuperación para esta Administración de su competencia para tramitar y resolver todos los expedientes relativos a autorizaciones de oficinas de farmacia, tratando con ello de superar la
situación de delegación subsistente en los Colegios Oficiales de Farmacéuticos, a la vez que se favorece el principio de seguridad jurídica, que en esta materia demanda una actuación administrativa uniforme del órgano administrativo que tiene atribuida la competencia de ordenación farmacéutica.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Sanidad y Bienestar Social y previa deliberación de la Junta de Castilla y León en su reunión del día 26 de junio de 1997,

DISPONGO:

Artículo único.
1. Corresponde a la Dirección General de Salud Pública y Asistencia de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social la tramitación y resolución de las solicitudes relativas a aperturas, traslados, transmisiones, modificaciones y supresiones de las oficinas de farmacia en el ámbito territorial de esta Comunidad Autónoma.

Las solicitudes formuladas en los procedimientos anteriormente relacionados, se podrán entender desestimadas una vez transcurridos, sin que se hubiera dictado resolución expresa, el plazo máximo de seis meses.

2. Contra las resoluciones del Director General de Salud Pública y Asistencia, podrá interponerse recurso ordinario ante el Consejero de Sanidad y Bienestar Social de acuerdo con los plazos y requisitos establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.
Se revoca, dejando sin efecto, en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, la delegación en favor de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos, sobre competencia decisoria de los expedientes a que se refiere el artículo noveno, apartado dos, del Real Decreto 909/1978, de 14 de abril, otorgada por Resolución de la Dirección General de Ordenación Farmacéutica de 30 de noviembre de 1978.

Segunda.
Asimismo, se revoca, dejando sin efecto, en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, la Orden del Ministerio de Gobernación de 3 de julio de 1974, declarada subsistente por Resolución de 30 de noviembre de 1978, de la Dirección General de Ordenación Farmacéutica, en cuanto al conocimiento y resolución de los recursos administrativos por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.

DISPOSICION TRANSITORIA UNICA

Lo dispuesto en el presente Decreto será aplicable a todos los expedientes que estén en tramitación en los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de la Comunidad de Castilla y León, que devolverán todas las actuaciones a la Dirección General de Salud Pública y Asistencia de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social. La entrega y recepción de los referidos expedientes se
realizará de manera ordenada, acompañándose certificación individualizada de su contenido, así como informe de su estado de tramitación, antecedentes y consideraciones para su oportuna resolución.

Asimismo, los recursos formulados contra las resoluciones de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos que, a la entrada en vigor del presente Decreto, no hayan sido resueltos por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, serán resueltos por la Consejería de Sanidad y Bienestar Social de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/1988, de
21 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Gobierno y de la Administración de Castilla y León y demás legislación aplicable; debiendo proceder dicho Consejo General a devolver todas las actuaciones a la Consejería. La entrega y recepción de los referidos expedientes se realizará de la misma manera ordenada anteriormente.

DISPOSICION DEROGATORIA

De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto Ley 11/1996, de 17 de junio, de ampliación del servicio farmacéutico a la población, del que trae causa la vigente Ley 16/1997, de 25 de abril, de Regulación de Servicios de Oficinas de Farmacia, queda sin efecto, en lo que se les oponga, el Real Decreto 909/1978, de 14 de abril, particularmente en lo relativo a la noción del municipio como territorio de referencia en materia de ordenación y planificación farmacéutica.

En su virtud, las solicitudes formuladas en materia de apertura o traslado voluntario de oficinas de farmacia con posterioridad a la entrada en vigor del mencionado Real Decreto Ley 11/1996, se resolverán de acuerdo con las normas a dictar por la Comunidad Autónoma en cumplimiento de la Ley 16/1997, de 25 de abril, de Regulación de Servicios de Oficinas de Farmacia.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.
Se faculta al Consejero de Sanidad y Bienestar Social para dictar cuantas disposiciones fuesen necesarias para la aplicación y el desarrollo del presente Decreto.

Segunda.
El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «B.O.C. y L.».

Fuensaldaña (Valladolid), 26 de junio de 1997.

El Presidente de la Junta de Castilla y León,

Fdo.: JUAN JOSE LUCAS JIMENEZ

El Consejero de Sanidad y Bienestar Social,

Fdo.: JOSE MANUEL FERNANDEZ SANTIAGO