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Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de Palencia

Imponen 643.000 euros a la Junta por anular la licencia de una farmacéutica
Fuente: Norte de Castilla 1/2/17.

La sanitaria afectada compró el local en Valladolid e inició las obras para habilitar la nueva botica sin saber que existía un recurso judicial de otra aspirante.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha reconocido el derecho de una farmacéutica de Valladolid a cobrar más de 643.000 euros (106 millones de las antiguas pesetas) por los perjuicios que le fueron causados después de un concurso público de boticas, convocado en el año 2010, y que supuso que la Consejería de Sanidad le otorgase una farmacia en el barrio de la Victoria. Esta licencia fue posteriormente anulada por el recurso que presentó otra farmacéutica aspirante.

Los cuatro jueces han reconocido los daños económicos, entre los que se encuentran la compra del local, con la consiguiente suscripción de una hipoteca, y la obra civil que tuvo que realizar para acondicionar el establecimiento. Las mismas fueron paralizadas por la afectada al conocerse el fallo.

La sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ de Valladolid, de 21 de octubre pasado, ha sido recurrida hace unos días por la Consejería de Sanidad ante el Tribunal Supremo, con la intención de paralizar unos efectos económicos sin precedentes. A esta circunstancia se suma la obligación que impone el TSJ a la Junta de comprar el local, de más de 100 metros cuadrados, situado en la calle Madreselva 3, en la zona de Puente Jardín.


Los hechos por esta responsabilidad patrimonial de la Administración autonómica se iniciaron cuando la farmacéutica, A. L. P., se presentó al concurso de la Consejería de Sanidad para obtener una oficina de farmacia en la zona urbana de la Victoria. Tras el proceso selectivo, la Dirección General de Salud Pública e Investigación le comunicó la concesión.

En la resolución judicial se señala que la afectada, después de recibir la autorización, llegó a adquirir el inmueble sin conocer que existía un recurso judicial de otra aspirante sobre esa misma plaza.

Los Servicios Jurídicos de la Junta reconocieron en el TSJ que, si bien es cierto que A. L. P. no fue emplazada en un primer momento en el proceso promovido por otra farmacéutica, «ello fue debido a que A. L. P. ocupaba un puesto muy retrasado en la relación de peticionarios de la citada oficina, de tal manera que sí fueron emplazados algunos de los pretendientes más próximos a la concesión. Y cuando la adjudicataria tuvo conocimiento cierto del proceso judicial, a instancia de una tercera persona, guardó un total mutismo, sin comparecer en el mismo, ni defender sus hipotéticos derechos».

Silencio administrativo perjudicial

Contrariamente a este argumento, los magistrados señalan que correspondía a la Junta haber informado a la afectada del recurso, y cuando esta se enteró, sus posibilidades reales de defensa no eran posibles al estar avanzado el proceso.

De este modo, los jueces creen claro que el silencio administrativo frente a la adjudicataria, cuando se produce la autorización de su farmacia en la Victoria, no solo le impidió defenderse, sino que además le causó una serie de daños económicos a los que la Consejería de Sanidad debe ahora hacer frente.

Así, la farmacéutica debe ser indemnizada con el valor del inmueble por ella adquirido, junto al paseo de Obregón de Valladolid, por un importe de 545.169 euros, así como los intereses proporcionales futuros correspondientes a la hipoteca que realizó para su compra. La cantidad que calcula es de 642.991 euros, junto a los interese futuros.

Además de esta indemnización del TSJ, impone a la Junta la obligación de quedarse con el local de la calle Madreselva, y de hacerse cargo de los gastos y tributos que por dicha transmisión se produzcan. Esta semana, el letrado de la afectada solicitará la ejecución provisional de la sentencia.

Depresión de la afectada

Según el abogado de A. L. P., Manuel Calvo, «lo ocurrido causó una profunda depresión a mi cliente, por las circunstancias económicas en las que se vio envuelta». Aunque Sanidad le concedió meses después una oficina en la provincia de Ávila, la demandante mantuvo su reclamación en los tribunales. «Un caso como este no se ha dado en la vida», añadió.

En un auto de 18 de noviembre de 2016, posterior a la sentencia, el TSJ vuelve a rechazar la petición de los Servicios Jurídicos de la Junta de eludir su responsabilidad patrimonial.

La Sala, que no impone las costas, recuerda que la Consejería de Sanidad debe abonar el dinero por este caso, y para evitar un perjuicio injustificado de la parte actora, esta debe de entregar el inmueble en cuestión.

«Se compró por una causa específica y para una finalidad determinada, la adquisición de una farmacia, lo que no es posible llevar a cabo. Otra solución supondría un quebranto injustificado de los intereses públicos y un beneficio sin causa de los particulares».

En la sentencia, los jueces imponen además el pago a la afectada de 120 euros correspondientes a la recogida de residuos, y otros 190 más por la tasa abonada a la propia Administración para poder instalar la oficina de farmacia y la realización de fórmulas magistrales. Estas tasas eran obligatorias para abrir el local.